Fondos NextGeneration EU
2023/03/03 Begiristain Zubillaga Mirene - EHUko iraskaslea. Ekonomialaria eta agroekologian ikertzailea | Perez Lázaro, Ruth - Aholkularia eta ikertzailea trantsizio hidrikoan eta ura eta saneamendua eskura izateko giza eskubidean Iturria: Elhuyar aldizkaria
La principal forma de canalizar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España son los Proyectos Estratégicos de Reactivación y Transformación Económica (PSE). Este plan, aprobado el 27 de abril de 2021, trae a España el plan europeo de recuperación de la NextGeneration EU. Esta arquitectura financiera-financiera partía del objetivo de aliviar el impacto económico y social de la pandemia de virus coronario y de hacer más sostenibles y resilientes la economía y las sociedades europeas. Actualmente existen 11 ESEPs aprobados, cinco de los cuales han sido analizados por Inversiones Públicas, nuevas vías de fragilidad en la transición ecofeminista, en concreto, en los ámbitos de salud, energía, agroalimentación, agua y cuidados. Este estudio, realizado por XX, ODG, OMAL y ESF, ha tenido como objetivo contribuir al debate sobre las políticas económicas actuales desde un punto de vista ecofeminista, reafirmando la hipótesis de que la enorme financiación pública tiene un objetivo tecnocapitalista, no garantiza un futuro sostenible y no responde a las necesidades sociales y ambientales.
De los 750.000 millones de euros que el Plan Next Generation tiene para toda Europa, en el Estado español se invertirán cerca de 72.000 millones mediante subvenciones. Según los datos de 30 de noviembre de 2022, según las competencias autonómicas, en el País Vasco Sur se han recibido 1.233 M €, 838 en la CAPV y 395 en la Cuenca Navarra; los proyectos financiados pueden verse en Next Generation Euskadi y en Next Generation Navarra.
Aquí se explica dos de estos ESEPs, la agroalimentaria y la digitalización del ciclo del agua.
1El informe de análisis está disponible en:https:
“Un nuevo retroceso hacia la agricultura y la alimentación sostenibles”
Mirene Begiristain Zubillaga
Profesor de la UPV. Economista e Investigador en Agroecología
La ESEPE agroalimentaria pretende desarrollar toda la cadena agroalimentaria, digitalizando procesos e incorporando conocimiento e innovación. Además de este objetivo general, propone tres objetivos estratégicos: 1) competitividad, 2) sostenibilidad y 3) trazabilidad y seguridad. El cuarto objetivo transversal es el denominado reto demográfico. El ESEPE aprobado en febrero de 2022 recibió una inversión pública de 1.002,91 millones de euros, distribuidos en tres líneas de actuación: 1) 400 M€ para el fortalecimiento de la industria del sector agroalimentario para la automatización y digitalización de procesos (datos, logística, modernización de maquinaria, sustitución por materiales renovables,…); 2) 454,35 M€ de digitalización del sector agroalimentario, entre los que destaca el denominado Kit Digital, que supone el 27% de la financiación total; y 3) Investigación agroalimentaria, para los programas de I+D+i y Ciencias del Mar, 148,56 M€.
Son responsables de este ESEPE los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y Transformación Digital y Ciencia e Innovación. El modelo de gobernanza para el desarrollo del ESEPE tiene dos niveles, uno interministerial y otro público-privado (PTP).
Analizando los objetivos, los datos y las vías de comunicación desde una perspectiva ecofeminista, cabe destacar seis elementos centrales: 1) Se profundiza en el modelo productivista, que depende de las tecnologías y los materiales, sin cuestionar los límites ecosociales del modelo alimentario y sus influencias e implicaciones; 2) Se trata de financiación para la industria digital y robotizada de alimentos, y no para un sector agrario y resiliente más sostenible; 3) Se busca la agricultura libre de agricultores, con la agricultura 4.0, la tecnología blockchain, la agricultura y la inteligencia artificial. Esta línea se alinea y fomenta con una serie de megaproyectos agroindustriales e infraestructuras digitalizadas que ya vemos en el País Vasco; 4) La narrativa relaciona la crisis sistémica con oportunidades de negocio y con mensajes de igualdad de oportunidades, y trata de convencer de que el crecimiento es compatible con el cambio climático, la gestión sostenible de energía y materiales, el reto demográfico o el relevo de mujeres y jóvenes, entre otros. 5) El modelo de gobernanza peninsular dificulta la transparencia, la participación y los mecanismos de control, y rechaza las alianzas público-públicas y/o público-comunitarias; y 6) Desvincula fuertemente el consumo de alimentos y el territorio.
Desde una perspectiva ecofeminista es preciso explicar las claves del debate. Y es que, para abordar los problemas de fondo, es necesario reubicar los procesos socio-económicos, relocalizando el sistema de instauración y acortando las cadenas de comercialización. Es el momento de adaptar las propuestas públicas a las necesidades del planeta y reorganizar las tareas y necesidades esenciales, para aumentar el trabajo y la alimentación de los campesinos y reducir el tipo de modelos dañosos e innecesarios. A partir de estas claves, los trantsicimientos ecofeministas tienen un camino fructífero, pero la ESEPE agroalimentaria es un retroceso oscuro hacia la democratización y el cuidado mutuo de un sistema de instauración sostenible y saludable.
“Pérdida de la posibilidad de transición hídrica ecofeminista”
Ruth Perez Lázaro
Consultor e investigador en materia de transición hídrica y derecho humano al agua y al saneamiento
El agua es un recurso básico y fundamental para garantizar la vida, según la ESEPE de Digitalización del Ciclo del Agua. Sin embargo, el ESEPE ha construido una narrativa restrictiva en torno al impacto del cambio climático. En consecuencia, las dimensiones de este bien común quedan reducidas a la economía, ignorando las limitaciones físicas del planeta y sin cuestionar las consecuencias de los procesos de producción de energía y concurrencia o privatización.
El ESEPE tiene por objeto la transformación y modernización de los sistemas de gestión del agua, tanto en lo que se refiere a los ciclos urbanos, como a los ciclos de regadío y a los ciclos industriales. Sus objetivos específicos son: 1) mejorar el conocimiento de los usos del agua; 2) aumentar la gobernanza y transparencia en la gestión del agua; 3) avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la legislación nacional e internacional; y 4) crear empleo de alta cualificación técnica. Para ello, los principales instrumentos son la digitalización, la innovación y la formación.
La ESOPE del agua movilizará 3.060 millones de euros: 1.940 millones de inversiones públicas y 1.120 millones de colaboraciones público-privadas. Esta fuerte inversión podía establecer el derecho humano al agua y al saneamiento como hoja de ruta hacia la transición hídrica feminista, una categoría aprobada por las Naciones Unidas en 2010 que no se menciona en ningún momento en el informe de la ESEPE. La privatización bajo modelos público-privados conlleva riesgos importantes para el ejercicio de estos derechos, como hemos visto en el Estado español y en el País Vasco. La combinación de la maximización del rendimiento, el monopolio natural y los desequilibrios en los poderes del agua hacen especialmente peligrosa la privatización del sector.
Una de las cuestiones más destacables del ESEPE es el abandono de un enfoque que concibe el agua como un activo ecosocial, que le otorga funciones relacionadas con la biodiversidad, la ecología, las emociones y la identidad. Parece que recupera discursos supuestamente superados, estrategias basadas en la oferta, pero con una diferencia significativa. Antiguamente hablábamos de las grandes obras hidráulicas, y esta vez se considera la digitalización como el único camino a resolver en el complejo “paquete de problemas” de gestión sostenible del agua. No se le da la debida importancia a la gestión de pretensiones basadas en el ahorro y la eficiencia.
Por desgracia, la ESOPE es una oportunidad perdida. Por un lado, podía servir para investigar nuevos modelos de cooperación público-pública o público-comunitaria. Por otro lado, no ofrece ninguna estrategia de participación pública real ni de construcción de conocimiento colectivo, ni propone mecanismos que contribuyan a crear empleo para las personas en situación de vulnerabilidad, así como a reducir la brecha sonora. A su vez, no plantea estrategias de cohesión territorial sino que, en lo que respecta a la gestión del agua, aumenta la distancia entre los núcleos urbanos y los núcleos rurales.
